...lo que es del César
| 17 Febrero 2010
Versión previamente exorcizada, apta para, casi, todo público.
Sorprendente, en verdad, que en los albores del Siglo XXI, se pretenda cuestionar la condición laica del Estado Mexicano. Uno creería que todas las partes afectadas por el tema, sociedad, Iglesias, Gobierno y el Estado y sus instituciones, ya habrían resuelto de una vez por todas sus dudas sobre los límites y alcances de lo que a cada uno corresponde, pero creo que tal idea es solo una muestra de un romántico candor.
No nos equivoquemos, en México las cosas se están dando bajo otro tenor, con el aparato del estado funcionando como el brazo jurídico del episcopado mexicano y los Congresos de varias de las entidades de la República han legislado en lo oscurito y/o a rajatabla leyes de las llamadas “de protección a la vida” cuyo único efecto es el de “criminalizar” el aborto.
El que la PGR lleve el tema de los llamados matrimonios Gay ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es incomprensible, pero que además exponga entre las causales de su solicitud para terminar con esta Ley vigente en la Ciudad de México, los mismos juicios de valor con los que el alto clero de la Iglesia Católica y la Ortodoxa se han lanzado con todo en contra del Gobierno del D.F. es en realidad el fondo del asunto.
Es falso que la definición jurídica del término matrimonio concrete tal acto a la unión entre hombre y mujer, y hasta el momento no se ha esgrimido un argumento sólido que sustente la afirmación de que esta Ley atenta contra la integridad de la familia, no se ha presentado un solo elemento que avale la veracidad de lo sustentado por quienes se han opuesto a esta Ley, tampoco hay nada que nos permita asegurar de que esta institución se encuentre bajo un ataque mortal que debilita la estructura misma de nuestra sociedad.
Todas las Iglesias tienen el derecho de asumir las posturas que su doctrina particular señale, pero solo dentro del seno de la institución religiosa. Si así lo determinan sus códigos de conducta, una Iglesia puede negar un sacramento de no cumplirse las condiciones que sus ritos dispongan, y punto.
Si en algún rito no son admisibles los matrimonios entre personas del mismo sexo, perfecto, que no los permita bajo sus términos.
Hasta ahí el derecho y límites de cualquier Iglesia pues en lo referente a la concepción civil y laica del matrimonio como un contrato legal de mutua voluntad, la cosa cae ya dentro de lo que corresponde al Estado y esa cuestión ya fue debidamente zanjada desde hace un poco menos de dos mil años, por un humilde pero muy sabio carpintero de Nazareth y lo dijo claro para que se entienda que una cosa es una cosa y otra cosa... pues, es otra.
Por otra parte también resulta incomprensible que se confronte a la mejor garantía para la libertad de cultos, el Estado Laico, pero así andan las cosas en el imperio mexica por estas eras.
En Campeche ha sido notable el intento de mutis en el Congreso del Estado, ante la ausencia (muy merecida si es que alguien me pregunta) de cualquier representación de la llamada izquierda campechana, es evidente que a ninguno de los partidos con voz legislativa le interesa que se abra el asunto.
Ya por ahí se aventó Víctor Méndez Lanz que el tema de los matrimonios gay no están en la agenda de los diputados locales ya que “tienen asuntos mas importantes que atender”.
Pero con la experiencia del ofensivo madruguete que nos dio la legislatura pasada cuando aprobaron lo de la “protección a la vida”, mas valdría sacar el tema a la luz pública y que todo se de en abierto.
¿A poco no hay nadie en el mismo Congreso campechano con los tamaños que se requieren para abordar este tema?
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El misterio de la gasolinera (o el valor real de contar con los apellidos políticamente correctos).
Bien por el Ayuntamiento de Campeche al suspender, por lo menos temporalmente, la tan cuestionada construcción de una gasolinera por la avenida Colosio. Y es que en todo el asunto se puede percibir un desagradable tufillo a corrupción y tráfico de influencias.
Son muchas las preguntas sin respuesta razonable en todo el asunto, no solo desde que se ha permitido una construcción de este tipo a menos de 50 metros de una vía ferroviaria, cosa que se encuentra como un NO en las normas que regulan las construcciones urbanas. También está el detallito de que esta construcción colinda con una unidad habitacional separada solamente por un simple muro de bloques.
En todo el puchero intervienen los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y por lo que parece la cosa no es muy simple de desenredar.
Primero estaría la responsabilidad federal vía PEMEX y, probablemente, las instituciones encargadas de la protección ambiental.
Luego estaría el gobierno estatal con, por lo menos, una instancia que intervendría en el asunto como es la Secretaría de Ecología la cual, por cierto, solo avala o rechaza el dictamen de impacto ambiental, mismo que es expedido por una empresa privada. Cabría preguntarnos por los que trabajan de dueños en estas empresas y sus probables relaciones (si es que hay) con funcionarios de Ecología.
Después vendría la instancia municipal, con los permisos de uso de suelo y demás cuestiones pertinentes.
Cada una de estas instancias son sujetos de sospecha, ya que no se puede entender el que se haya otorgado un permiso para construir una gasolinera bajo los condiciones que rodean a esta construcción.
Es notable que ese mismo lugar de la construcción, haya albergado a una gasera en el pasado y que fue removida por las protestas de los vecinos. Ahora, años después, se pretende construir una gasolinera y para esto no les ha importado saltarse a la torera las disposiciones legales con tal de allanar el camino a quienes ostenten los apellidos “políticamente correctos”.
La investigación de este hecho debe ser un asunto en el que se llegue hasta el fondo. Es indudable que han entrado en juego grandes dosis de corrupción para que las cosas hayan llegado hasta aquí, ya que, de haber imperado ese mitológico estado de derecho, jamás su hubieran obtenido los permisos indispensables para este tipo de negocio.
Por lo pronto ya el Ayuntamiento de Campeche está investigando las condiciones bajo las cuales la anterior administración municipal otorgó las licencias que jurídicamente le corresponde.
Ahora solo el tiempo nos dirá si las cosas son de a devis o solo faramaya.
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La gallera está alborotada, y los chachalaqueos no dejan de escucharse. Por un lado están los privilegiados de dos sexenios que fueron relevados de sus cargos bajo la temporalidad natural del relevo de administraciones.
Los graznidos provenientes de estas gargantas emanan desde las mesas de los diversos cafés de la ciudad en donde instalen su novedosa condición de desempleados. Para estas alturas del partido ya están demandando acciones u obras deslumbrantes y abundan los comentarios de “no ha hecho nada”.
Por otro lado están los que esgrimen diarios rencores en contra de la actual administración municipal. Un día si, y el otro también, podemos leer en conocidos pasquines la cotidiana satanización en contra del Alcalde Campechano.
Ya no solo es necesario hablar pestes en contra de los Azar García para garantizar la aparición en primeras planas en por lo menos dos rotativos y en las destacadas de dos noticieros radiofónicos, ahora también se puede obtener el mismo resultado echar pestes en contra de Rosado Ruelas para asegurarnos el mismo tratamiento.
Después de varios meses de continua madriza, ahora ha llegado el momento de la aplicación de edificantes calificativos como: orate, loquito y desquiciado. ¿Y la ética periodística? Bien, gracias por preguntar.
Claro que también tenemos al otro lado de la moneda en los que no se saben de otra mas que la permanente loa y los hosannas de rigor con la que se presenta el cotidiano quehacer del Alcalde Campechano. Pero de esto les platicaremos a la próxima.
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